Guía para profesionales canadienses sobre los riesgos de los «asesores de deudas»: lecciones del Reino Unido y Australia

PorPaul Franchi
Vector forked road where one branch fades into fog and the other is lit by a lamppost with a red light beside a small house, representing pitfalls of debt consultants and the importance of contacting a licensed insolvency trustee LIT

La integridad del sistema de insolvencia de Canadá se sostiene en dos pilares normativos: la independencia del Licensed Insolvency Trustee (LIT, síndico de insolvencia con licencia) y el acceso sin trabas a una asesoría imparcial en el primer contacto. Estos principios están codificados en la Bankruptcy and Insolvency Act, R.S.C. 1985, c. B-3 (“BIA”), y se refuerzan mediante las directrices y orientaciones interpretativas de la Office of the Superintendent of Bankruptcy (“OSB”). Pronunciamientos recientes de la OSB —sobre todo The Adverse Effects of the Debt Advisory Marketplace on the Insolvency System (OSB, 2023)— han puesto de relieve una vulnerabilidad estructural derivada de la proliferación de asesores de deudas no regulados y generadores de contactos (“lead generators”) que se sitúan entre las personas deudoras y los Licensed Insolvency Trustees.

I. Introducción — Vulnerabilidades estructurales del sistema de insolvencia de Canadá

Estos actores, llamados coloquialmente “asesores de deudas” (“debt consultants”), operan por completo fuera del marco de la BIA. El Update on the Debt Advisory Marketplace (2025) de la OSB describe varios problemas observados en las prácticas de los asesores de deudas: cobran honorarios cuantiosos por servicios preliminares de “calificación”, difunden información parcial o sesgada hacia un resultado y alimentan en las personas deudoras la expectativa de que los procedimientos legales ya están aprobados de antemano.

De entrada, el autor reconoce su propia perspectiva como Licensed Insolvency Trustee en ejercicio. Asesores de deudas con experiencia podrían objetar, con razón, que no todos los intermediarios deben medirse con la misma vara y que algunos prestan una orientación valiosa, del lado de la persona deudora, dentro de marcos regulados a nivel provincial. Su postura es que los propios LIT operan bajo incentivos estructurales: como la remuneración del síndico en las propuestas al consumidor (consumer proposals; equivalente aproximado a un procedimiento formal de reorganización de deudas) se vincula a lo que se realiza del patrimonio concursal, una persona deudora informada podría razonablemente percibir que los síndicos tienen interés en resultados que maximicen el valor de la propuesta. Desde esa óptica, un asesor de deudas ético y bien regulado puede cumplir un papel importante al ofrecer una asesoría independiente que la persona deudora paga y controla. Este trabajo no discute el derecho de la persona deudora a contratar tales servicios, ni desestima el valor que puedan aportar. Su enfoque es más acotado: en Canadá, los asesores de deudas operan fuera del marco federal de insolvencia y, a falta de un régimen regulatorio propio, solo se disciplinan —si acaso— de manera indirecta, mediante medidas dirigidas a influir en la conducta de los LIT. El resultado es un sistema que regula a los actores que intervienen en las etapas posteriores y deja en gran medida sin gobernar la asesoría que ocurre en las etapas previas al procedimiento.

Por qué a todo profesional le conviene conocer los riesgos de los asesores de deudas

Acompañar a un cliente con deudas es una responsabilidad central para muchos profesionales en Canadá. Incluso quienes no ejercen directamente en insolvencia deben reconocer los riesgos asociados a los asesores de deudas. Una abogada que revisa la situación financiera de su clienta, un contador que asesora sobre consolidación de deudas, un corredor hipotecario que evalúa la capacidad de endeudamiento o una corredora de propiedades que pondera la posición financiera de un posible comprador —todos pueden, sin quererlo, convertirse en eslabón de una cadena que expone a sus clientes a una asesoría engañosa o no vinculante. Al conocer las señales de alerta, las distinciones regulatorias y las mejores prácticas internacionales, los profesionales pueden proteger a sus clientes y asegurarse de derivarlos hacia soluciones legales y eficaces. Para quien desee entender con mayor claridad cómo comienza realmente el alivio de la deuda en Canadá, conviene comprender primero qué ocurre durante una reunión con un Licensed Insolvency Trustee.

Lo que podemos aprender del Reino Unido y Australia

Tanto el Reino Unido como Australia han implementado marcos regulatorios sólidos para proteger a los clientes de prácticas de asesoría de deuda no autorizadas. Esos marcos incluyen supervisión obligatoria, pautas operativas claras y rutas de insolvencia estructuradas. Los profesionales canadienses pueden aprovechar estas lecciones para mejorar la protección de sus clientes: desde detectar una asesoría potencialmente dañina hasta colaborar con Licensed Insolvency Trustees para entregar soluciones seguras y a la medida.

Canadá no es el único país que enfrenta la necesidad de regular a los asesores de deudas para preservar la integridad del sistema de insolvencia. Patrones análogos han surgido en el Reino Unido y Australia —jurisdicciones cuyos regímenes de insolvencia comparten raíces de common law y una arquitectura centrada en el síndico—. En cada una, los reguladores han lidiado con la misma pregunta jurídica: ¿Hasta qué punto debe extenderse la supervisión a las etapas previas para neutralizar la influencia comercial antes de que el funcionario legal entre en el caso?

Este artículo desarrolla un análisis comparado de estos desafíos a partir de los marcos legislativos, los instrumentos regulatorios y la jurisprudencia de aplicación. Articula cuatro principios fundamentales que animan las respuestas regulatorias en las distintas jurisdicciones, examina las divergencias estructurales que moldean la capacidad de aplicación y sitúa la experiencia de Canadá dentro de un continuo del Commonwealth.

Cómo los asesores de deudas no regulados amenazan la integridad del sistema de insolvencia de Canadá

La cuestión de la influencia de los intermediarios no es una molestia periférica; es una vulnerabilidad estructural que compromete los cimientos del régimen de insolvencia de Canadá. En opinión del autor, la BIA presupone de manera implícita que las personas deudoras encontrarán a un Licensed Insolvency Trustee como su primer punto de contacto sustantivo —un funcionario legal sujeto a deberes fiduciarios conforme a la Bankruptcy and Insolvency Act, R.S.C. 1985, c. B-3, al OSB Code of Ethics for Trustees (dictado al amparo del s. 14.01 de la BIA) y a la CAIRP—. Cuando ese supuesto se ve desplazado por actores no regulados, se siguen tres consecuencias sistémicas:

  1. Erosión de la independencia: los síndicos que dependen de canales de derivación de alto volumen provenientes de un asesor de deudas arriesgan generar una percepción razonable de dependencia, en contravención de la letra y el espíritu de la BIA.
  2. Distorsión del primer contacto: los intermediarios pueden guionizar cómo las personas deudoras presentan su situación, moldeando expectativas y relatos antes de que el LIT intervenga. Este condicionamiento previo socava la transparencia e interfiere con la integridad de la primera interacción legal.
  3. Delegación más allá de los límites legales: las evaluaciones preliminares no autorizadas realizadas por intermediarios —en las que se le dice a la persona deudora que “cumple los requisitos para presentar una propuesta” o que la aprobación está asegurada— invaden funciones que la OSB Directive No. 6R7 reserva exclusivamente al LIT. La directriz deja claro que la entrevista de evaluación y los juicios profesionales que conlleva son indelegables; ningún actor previo al procedimiento puede replicar ni anticipar esa función legal.

Estas dinámicas no son meras infracciones técnicas; comprometen los objetivos de política pública que sustentan el marco de insolvencia de Canadá —a saber, el trato equitativo de los acreedores, la rehabilitación de las personas deudoras y la preservación de la integridad sistémica—. En la práctica, estos riesgos suelen hacerse más visibles en situaciones financieras urgentes, cuando las personas o quienes tienen un negocio ya enfrentan medidas de cobro de la agencia tributaria CRA, como embargos de sueldo o el congelamiento de cuentas bancarias. La experiencia comparada del Reino Unido y Australia demuestra que la influencia no controlada de los intermediarios puede hacer metástasis hasta convertirse en una distorsión del mercado, que exige intervenciones estructurales como la prohibición de honorarios por derivación y la ampliación de la competencia regulatoria.

II. Principios fundamentales para regular la influencia de los intermediarios en la insolvencia

Aunque Canadá, el Reino Unido y Australia divergen en su arquitectura regulatoria, convergen en cuatro principios fundacionales que dan forma a la supervisión de la participación de intermediarios: independencia, integridad del primer contacto, límites de las relaciones de derivación y límites de la delegación. Estos principios reaparecen en disposiciones legales, directrices regulatorias y jurisprudencia de aplicación en las tres jurisdicciones.

1. Preservar la independencia en las prácticas de asesoría de deudas

La independencia, como se detalló en la Sección I, sigue siendo central; los reguladores evalúan tanto la autonomía real como la percibida. El Code of Ethics for Trustees (dictado conforme al s. 14.01 de la BIA) establece los requisitos operativos de imparcialidad, conflictos de interés y juicio profesional. En conjunto, estos instrumentos prohíben toda relación o práctica que pudiera comprometer —o que razonablemente pudiera parecer que compromete— la independencia del síndico en la administración de un patrimonio concursal. Lenguaje comparable aparece en el Insolvency Code of Ethics (2025) del Reino Unido, que enmarca la independencia como un “principio fundamental de la ética profesional de los insolvency practitioners”, y en el ARITA Code of Ethics (2022) australiano, que exige a los profesionales identificar y evaluar las amenazas a la objetividad y la imparcialidad antes de aceptar un encargo, y declinarlo cuando esas amenazas no puedan eliminarse o reducirse a un nivel aceptable.

Es importante señalar que el análisis moderno de la independencia no se limita a la conducta posterior al nombramiento; cada vez examina más las condiciones de la contratación previas al nombramiento. El razonamiento de ASIC v Jones (que se aborda más adelante en este estudio) refleja ese giro, al subrayar que las interacciones tempranas y los pasos preparatorios pueden generar una percepción razonable de parcialidad.

2. Integridad del primer contacto: proteger los intereses del cliente en las soluciones de deuda

Como se expuso en la Sección I, en un régimen de insolvencia bien regulado, donde los profesionales cumplen sus deberes conforme a un Code of Ethics, la integridad del primer contacto asegura que las personas deudoras reciban asesoría imparcial en su interacción inicial con un Licensed Insolvency Trustee. Cuando los intermediarios controlan el primer contacto, surgen distorsiones sistémicas:

  • Las personas deudoras reciben información limitada respecto de las opciones disponibles o sesgada hacia un resultado, que a menudo las orienta hacia una única solución (p. ej., las propuestas al consumidor) sin importar su idoneidad.
  • Los intermediarios cobran honorarios iniciales cuantiosos por una asesoría que los síndicos deben prestar de forma gratuita conforme a la BIA.
  • Las expectativas se condicionan de antemano, lo que lleva a las personas deudoras a percibir el papel del síndico como meramente administrativo cuando, en realidad, se trata de una evaluación legal y una explicación de las opciones que ordena la BIA.

El Position Paper on Debt Advisory Practices (2023) de la OSB advierte que estos modelos de primer contacto “afectan negativamente la integridad del sistema de insolvencia”, sobre todo cuando moldean las expectativas de la persona deudora antes de que un Licensed Insolvency Trustee pueda brindar una asesoría independiente y legal. La Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido llegó a conclusiones similares en su serie de documentos de política, que comenzó con CP21/30 — Debt Packager Proposals for New Rules (2021). Allí, la FCA constató que los incentivos comerciales en el primer contacto crean conflictos de interés incompatibles con la regla del mejor interés del cliente del FCA Handbook. También concluyó que esos incentivos sesgaban de forma rutinaria las recomendaciones hacia los Individual Voluntary Arrangements (IVA) —el equivalente británico más cercano a una propuesta al consumidor canadiense—, administrados por Insolvency Practitioners privados, la contraparte británica del Licensed Insolvency Trustee canadiense.

3. Límites de las relaciones de derivación

Las relaciones de derivación, aunque comunes, deben evitar patrones que sugieran dependencia estructural o alineación comercial. La exclusividad o la dependencia impulsada por el volumen pueden erosionar la autonomía y generar una apariencia razonable de parcialidad. La orientación de la OSB subraya que los síndicos deben evitar “patrones de derivación que sugieran dependencia estructural o alineación comercial”. La ya mencionada prohibición de la FCA sobre honorarios por derivación entre las firmas de “debt packagers” y los insolvency practitioners ilustra una respuesta sistémica a este riesgo, al desmantelar el motor económico que incentivaba la asesoría sesgada hacia un resultado. En contraste, la bifurcación jurisdiccional de Canadá limita la capacidad de la OSB para imponer prohibiciones a todo el mercado y relega la aplicación a la disciplina de los síndicos en lugar de a una reforma estructural.

4. Límites de la delegación en la gestión de deudas

Los límites de la delegación exigen que los síndicos realicen las evaluaciones legales y ejerzan su propio juicio profesional, incluso cuando se externalizan tareas administrativas. Como ya se señaló, la OSB Directive No. 6R7, Assessment of an Individual Debtor, rige la entrevista de evaluación y restringe la delegación a personas específicas y registradas, a la vez que prohíbe externalizar el juicio legal. Los síndicos pueden delegar tareas administrativas, pero no pueden abdicar de sus responsabilidades esenciales bajo la BIA. La jurisprudencia australiana refuerza este principio: en ASIC v Jones, el tribunal sostuvo que la participación de asesores antes del nombramiento —como realizar evaluaciones preliminares o guionizar las declaraciones de la persona deudora— puede viciar la independencia y contravenir obligaciones legales.

En las tres jurisdicciones, la delegación indebida no se trata como un mero desliz ético, sino como una ruptura estructural del marco de insolvencia —una ruptura que socava la integridad del sistema y los objetivos de política pública que persigue—. Un LIT puede, pese a cualquier opinión preliminar expresada en las etapas previas al procedimiento, reevaluar la situación de la persona deudora con su propia discreción irrestricta y determinar la solución más adecuada bajo la BIA. Por eso, el cuarto principio no trata principalmente de la delegación a intermediarios, sino que es una extensión del tercero: cuando un síndico se vuelve estructuralmente dependiente de una fuente de derivación, existe el riesgo —por sutil que sea— de que el LIT esté menos dispuesto a revisar a fondo o a contradecir el encuadre previo del intermediario.

III. Marcos regulatorios comparados en la insolvencia: Canadá, Reino Unido y Australia

Comprender el panorama regulatorio de Canadá, el Reino Unido y Australia es crucial para los profesionales que asesoran a clientes en asuntos de deuda. Sea usted abogada, contador auditor, corredor hipotecario, corredor de propiedades o LIT, saber cómo estas jurisdicciones regulan a los asesores de deudas y a los insolvency practitioners ayuda a sortear riesgos, a proteger los intereses de sus clientes y a tomar decisiones informadas en situaciones financieras complejas. Canadá, el Reino Unido y Australia operan dentro de arquitecturas regulatorias distintas, y esas diferencias inciden de forma material en la capacidad de cada jurisdicción para regular a los actores previos al procedimiento, moldear los incentivos del mercado y hacer cumplir la independencia. Para los profesionales que asesoran a clientes en dificultades financieras, comprender estos marcos asegura poder derivarlos hacia soluciones legales y éticas, identificar señales de alerta y proteger mejor su bienestar financiero. Esta sección describe las características centrales de cada sistema y examina casos reales que muestran cómo estos reguladores abordan la mala conducta de intermediarios y profesionales de la insolvencia.

A. Reino Unido — Supervisión unitaria y cohesión estructural

Bandera del Reino Unido, que simboliza la regulación de los asesores de deudas frente a los peligros de los asesores no regulados de Canadá

El régimen de insolvencia del Reino Unido se caracteriza por un modelo regulatorio unitario que integra la supervisión de los insolvency practitioners con la regulación del crédito al consumo. El Insolvency Service ejerce su autoridad legal conforme a la Insolvency Act 1986 y las Insolvency Rules 2016, mientras que la Financial Conduct Authority (FCA) regula a las firmas de asesoría de deuda conforme a la Financial Services and Markets Act 2000 y al Consumer Credit Sourcebook (CONC), que constituye un capítulo dentro del mencionado FCA Handbook.

Esta estructura de dos organismos permite una intervención cohesionada a lo largo de todo el recorrido de la persona deudora —desde la asesoría inicial hasta el nombramiento formal—. El ejemplo paradigmático es la ya mencionada Finalised Guidance PS23/5 — End of implementation period for debt packager referral fee ban (2023) de la FCA, que impuso a nivel nacional una prohibición de los honorarios por derivación entre las firmas de “debt packagers” y los insolvency practitioners. La FCA concluyó que tales honorarios “creaban conflictos de interés incompatibles con el mejor interés del consumidor”, desmantelando así el motor económico que incentivaba la asesoría sesgada hacia un resultado.

La capacidad del Reino Unido para regular tanto a los profesionales como a los intermediarios dentro de un único marco legal refleja una ventaja estructural: los reguladores pueden abordar las distorsiones sistémicas en su origen comercial, en lugar de depender únicamente de la disciplina de los profesionales. Esta arquitectura también facilita una aplicación armonizada a través de los Recognised Professional Bodies (RPB), como la Insolvency Practitioners Association (IPA), que dicta resoluciones disciplinarias por incumplimientos de la independencia y de los estándares éticos.

B. Australia — Integración federal y refuerzo judicial

Bandera de Australia, que simboliza la comparación de los marcos de insolvencia de Australia y Canadá y las lecciones sobre el riesgo de los asesores de deudas no regulados

Australia adopta un modelo regulatorio federal que consolida la insolvencia personal en la Australian Financial Security Authority (AFSA) y la insolvencia corporativa en la Australian Securities and Investments Commission (ASIC). La autoridad legal deriva de la Bankruptcy Act 1966, la Corporations Act 2001 y las Insolvency Practice Schedules and Rules (Bankruptcy and Corporations).

Tras la federalización de la regulación del crédito al consumo en 2010, los intermediarios —como los asesores previos a la insolvencia y los negociadores de deuda— quedan bajo regímenes nacionales de conducta conforme a la National Consumer Credit Protection Act 2009 (NCCP Act). Desde julio de 2021, las firmas de gestión de deuda que prestan asistencia crediticia o servicios de negociación de deuda deben contar con una Australian Credit Licence (ACL), lo que extiende la supervisión de la ASIC más allá de los prestamistas tradicionales. Este marco de licencias impone obligaciones de conducta responsable, estándares de divulgación y prohibiciones de prácticas engañosas o deshonestas —nacionalizando, en los hechos, la regulación de los asesores de deudas—. El resultado es una estructura de supervisión coherente, en la que las expectativas sobre la independencia se aplican de manera uniforme a profesionales e intermediarios, reduciendo la fragmentación.

La autoridad judicial amplifica esta integración regulatoria. En ASIC v Jones [2023] WASCA 130, el Court of Appeal de Australia Occidental confirmó que la independencia debe evaluarse “a lo largo del continuo de las relaciones, incluida la conducta previa al nombramiento”, y que la participación temprana de asesores puede dar lugar a percepciones de alineación incompatibles con la imparcialidad. Esta jurisprudencia se complementa con la actividad administrativa y de aplicación de la ASIC contra firmas de gestión de deuda, incluida la decisión del Federal Court en ASIC v A&M Group Pty Ltd t/a Debt Negotiators [2022] FCA 1534, que abordó declaraciones engañosas hechas a consumidores en situación de vulnerabilidad financiera. Aunque distinto en los hechos de Jones, el caso Debt Negotiators ilustra que los reguladores australianos tratan la influencia de la asesoría en las etapas previas al procedimiento como parte de un marco de integridad más amplio —uno que protege a los consumidores y previene distorsiones que más adelante podrían afectar los nombramientos de insolvencia—.

C. Canadá — La división federal-provincial y sus implicancias para la supervisión

Bandera de Canadá, que simboliza la importancia de regular a los asesores de deudas y las implicancias de las normas del Reino Unido y Australia

Estos desarrollos muestran que, en Australia, la independencia se evalúa a lo largo de todo el continuo previo al nombramiento, un enfoque más amplio que en Canadá, donde las obligaciones de independencia se hacen cumplir principalmente en el nivel del Licensed Insolvency Trustee. Los actores previos al procedimiento —quienes moldean las expectativas de la persona deudora antes de la intervención del síndico— quedan bajo leyes provinciales de protección al consumidor, como la Collection and Debt Settlement Services Act de Ontario, R.S.O. 1990, c. C.14 y la Business Practices and Consumer Protection Act de Columbia Británica, S.B.C. 2004, c. 2.

Esta bifurcación limita la capacidad de Canadá para implementar intervenciones sistémicas análogas a la prohibición de honorarios por derivación de la FCA. Alcanzar un estándar nacional armonizado exigiría modificaciones coordinadas en trece regímenes provinciales y territoriales —una empresa mucho más compleja de lo que podría parecer al principio—. A diferencia de la estrecha excepción del Criminal Code que permite a las provincias regular las tasas del crédito de día de pago (“payday lending”), una verdadera armonización en el ámbito de la asesoría de deuda implicaría un amplio alineamiento de políticas a través de numerosas leyes de protección al consumidor, marcos de licencias y mecanismos de aplicación. Una comparación más realista es la evolución de la regulación de valores en Canadá: aunque cada provincia conserva su autoridad constitucional, los estándares nacionales solo surgen mediante la cooperación voluntaria a través de instrumentos como los Canadian Securities Administrators (CSA), donde las provincias acuerdan —a veces tras años de negociación— adoptar reglas paralelas, prioridades de aplicación compartidas y mecanismos conjuntos de supervisión. A falta de una coordinación intergubernamental similar en el ámbito de la asesoría de deuda, la respuesta regulatoria de Canadá sigue siendo, por necesidad, centrada en el síndico, y aborda las inquietudes sobre independencia mediante procedimientos disciplinarios de la OSB en lugar de remodelar el propio mercado de la asesoría.

D. Aplicabilidad limitada del modelo estadounidense

Bandera de Estados Unidos, que simboliza un marco de insolvencia de consumo fundamentalmente distinto del sistema canadiense basado en el Licensed Insolvency Trustee

Estados Unidos opera una estructura de insolvencia de consumo fundamentalmente distinta de los regímenes basados en el síndico que se usan en Canadá, el Reino Unido y Australia. Aunque se nombra un síndico (trustee) en los casos de consumo, su papel se limita a administrar el patrimonio concursal con deberes debidos principalmente a los acreedores; las personas deudoras suelen obtener cualquier orientación necesaria de un abogado independiente o actúan sin representación. Esta separación entre la administración de la masa y los deberes de información hacia la persona deudora deja a Estados Unidos fuera del marco de integridad de la asesoría que sustenta las dinámicas regulador-intermediario analizadas en este trabajo.

Como el modelo estadounidense no incorpora una función de primer contacto basada en el síndico —ni un marco regulatorio para las etapas previas análogo a la FCA o la ASIC—, aporta poco al análisis de la influencia de los intermediarios o de los riesgos basados en la derivación para la independencia de los profesionales. Por ello, no se trata como un referente comparativo principal en este estudio.

Los principios regulatorios de la Sección II y las distinciones estructurales de la Sección III se vuelven tangibles a través de las acciones de aplicación. Los casos siguientes muestran cómo Canadá, el Reino Unido y Australia responden cuando la conducta de un intermediario amenaza la independencia, la integridad del primer contacto o los límites jurisdiccionales. Los ejemplos incluyen dos asuntos canadienses (uno público, uno compuesto), dos del Reino Unido que abordan tanto la disciplina de los profesionales como la supervisión de todo el mercado, y dos de Australia.

IV. Estudios de caso — Canadá: cómo se aborda la influencia de los asesores de deudas en la insolvencia

El enfoque regulatorio de Canadá frente a la influencia de los intermediarios se entiende mejor a través de dos dimensiones: la disciplina formal, que sigue siendo rara pero significativa, y los patrones sistémicos, revelados mediante las revisiones de cumplimiento, la orientación y la aplicación de la OSB. Ambas reflejan un marco activo y en evolución, anclado en principios de larga data —en especial la prohibición de los acuerdos de honorarios por derivación establecida en la OSB Policy on Referral Arrangements (2006) (que, a su vez, es una reformulación de reglas de larga data del Code of Ethics for Trustees)—.

A. Caso A: Pinsky, Bisson Inc. (Decisión de conducta profesional, 2019)

El precedente canadiense más claro sobre acuerdos de derivación es la decisión de la OSB del 21 de junio de 2019 contra Pinsky, Bisson Inc., una firma de Quebec bajo los síndicos Murray Pinsky y Éric Bisson. La OSB constató que los síndicos pagaban a asesores de deudas externos por la captación de clientes, en contravención del section 49 de las Bankruptcy and Insolvency General Rules y de la prohibición expresa de honorarios por derivación que rige desde 2006.

Hechos clave:

  • Los asesores de deudas actuaron como intermediarios y moldearon las expectativas de las personas deudoras antes de la evaluación legal.
  • Los síndicos no garantizaron la independencia ni el cumplimiento del Code of Ethics.

Resultado:

  • Multa de USD 40.000 a la firma; USD 10.000 a Éric Bisson.
  • Murray Pinsky entregó su licencia y se retiró.
  • La firma cesó operaciones a fines de 2019, tras recibir la orden de transferir todas las masas a otra firma de LIT.

Esta decisión subraya dos principios: (1) las reglas de independencia son exigibles, y (2) la competencia de la OSB recae sobre la conducta de los síndicos, no sobre los asesores no regulados —aunque los síndicos que habilitan tal influencia se exponen a sanciones—.

B. Caso B: Escenario compuesto de riesgos sistémicos

Las inquietudes de la OSB van más allá de las infracciones aisladas y alcanzan patrones recurrentes en el mercado de la asesoría de deuda. Un escenario compuesto ilustra estos riesgos. Conviene repetir la salvedad de la introducción: el ejemplo refleja riesgos sistémicos más que una práctica universal, y reconoce que la conducta de los intermediarios varía y que los patrones de derivación, por sí solos, no acreditan dependencia. En el ejemplo compuesto:

El primer contacto de la persona deudora es con un asesor de deudas, no con un LIT. El asesor cobra un “honorario de calificación”, realiza una evaluación preliminar no autorizada y declara una propuesta al consumidor como “preaprobada”. Para cuando la persona deudora se reúne con un LIT:

  • cree que la aprobación ya está asegurada;
  • desconoce que solo un LIT puede realizar la evaluación legal;
  • algunas relatan que se las instó a omitir deudas o bienes, lo que infringe el s. 158 de la BIA.

Estas distorsiones reflejan temas del Position Paper 2023 de la OSB: “Las personas deudoras deben tener acceso directo y sin trabas a los servicios de un Licensed Insolvency Trustee.”

Entretejidos en este relato hay riesgos estructurales observados en las revisiones de cumplimiento de la OSB: los síndicos que obtienen el 70 % de sus casos de un único canal de derivación —incluso sin honorarios por derivación— generan una percepción razonable de dependencia. Como advierte la orientación de la OSB (2024): “Los patrones de derivación que sugieren dependencia estructural pueden generar una apariencia razonable de parcialidad, incluso a falta de un incentivo financiero directo.” Así, la independencia se evalúa no solo por los conflictos reales, sino por las vulnerabilidades percibidas que erosionan la confianza en el sistema de insolvencia.

C. Caso C: Pearce v. 4 Pillars Consulting Group Inc. (2021 BCCA 368)

La acción colectiva Pearce ofrece una rara mirada judicial sobre la fragmentada supervisión que Canadá ejerce sobre los servicios de asesoría de deuda. El expediente señala que, en aquel momento, firmas como 4 Pillars operaban en un espacio donde ningún regulador estaba legalmente facultado para imponer estándares uniformes o intervenir en el primer contacto. Esta ausencia de autoridad jurisdiccional —y no la mera inacción— significó que la protección del consumidor recayera en el litigio privado.

Los demandantes alegaron que 4 Pillars y sus afiliadas cobraban honorarios iniciales cuantiosos por servicios que incluían redactar propuestas al consumidor para su eventual presentación por un Licensed Insolvency Trustee (LIT), asesorar a las personas deudoras sobre estrategias de reestructuración y coordinar con los síndicos durante las negociaciones. Según los escritos, estas prácticas fomentaban la impresión de que los resultados de insolvencia estaban “preaprobados”, posicionando a 4 Pillars como la puerta de entrada imprescindible al alivio formal. Los demandados negaron estas afirmaciones y sostuvieron que su modelo de asesoría no activaba obligaciones de licencia bajo la Business Practices and Consumer Protection Act (BPCPA) de Columbia Británica.

El Court of Appeal de Columbia Británica no determinó la veracidad de las alegaciones. Su función era evaluar si los escritos exponían una causa de acción viable y si correspondía la certificación. El tribunal concluyó que las pretensiones no estaban claramente condenadas al fracaso, y señaló que una interpretación defendible podría situar las actividades de los demandados dentro de la definición legal de “debt repayment agent” (párrs. 48–50, 64).

Pearce pone de relieve una vulnerabilidad estructural: cuando los límites legales se discuten y ningún regulador tiene una competencia clara, la protección del consumidor depende de un litigio costoso y prolongado. La certificación fue confirmada, lo que permitió pretensiones fundadas en presuntos incumplimientos de la BPCPA (licencias y restricciones de honorarios), en la abusividad legal (honorarios que excedían con creces las normas reguladas) y en el enriquecimiento sin causa y la conspiración civil del common law vinculados a presuntas infracciones de la BIA. El razonamiento del tribunal no resolvió la laguna regulatoria —la iluminó—. El caso contra 4 Pillars se resolvió de común acuerdo y se alcanzó una transacción.

Conclusión: lagunas regulatorias y riesgos sistémicos en la asesoría de deuda canadiense

Estos estudios de caso subrayan desafíos regulatorios críticos en el enfoque de Canadá hacia los servicios de asesoría de deuda y la práctica de insolvencia. Muestran cómo los asesores de deudas pueden distorsionar las expectativas de las personas deudoras, crear conflictos de interés y, en última instancia, socavar la independencia y la integridad del sistema de insolvencia. Para los profesionales que asesoran a clientes en la gestión de deudas, comprender estas lagunas regulatorias —y la aplicación real de estos principios— es esencial para asegurar que sus clientes sean derivados hacia soluciones conformes y éticas.

V. Estudios de caso — Reino Unido: combatir la mala conducta de los asesores de deudas y asegurar la integridad de la insolvencia

En el Reino Unido, los reguladores han desarrollado medidas eficaces para combatir la mala conducta de los asesores de deudas y de los “debt packagers”. La capacidad del Reino Unido para intervenir en estas prácticas subraya la importancia de un marco regulatorio unificado que rinda cuentas a todos los actores del proceso de insolvencia.

A. Caso D — McKenzie Jones Associates Ltd 2024

El Reino Unido ofrece un ejemplo llamativo de cómo puede abordarse la conducta de un intermediario incluso cuando los actores involucrados no son insolvency practitioners. El cierre de McKenzie Jones Associates en 2024 ilustra cómo los reguladores británicos pueden intervenir contra actores dañinos que operan en torno al sistema de insolvencia aunque no tengan licencias de insolvencia. Tras una investigación del Insolvency Service, el High Court liquidó la empresa por interés público al constatar que comercializaba servicios de “resolución anticipada” a personas con Individual Voluntary Arrangements (IVA) vigentes, pese a carecer de autorización para prestar asesoría de deuda regulada. La firma generaba negocio enviando cartas no solicitadas a personas inscritas en el Individual Insolvency Register, cobraba honorarios por ayudarlas a salir anticipadamente de sus IVA y ofrecía reembolsos respecto de los cuales los investigadores no hallaron prueba de cumplimiento. También dio instrucciones engañosas —como aconsejar a los clientes evitar la comunicación con sus supervisores de IVA— e invocó una “nueva legislación del gobierno” que, en realidad, no era más que una orientación profesional que no garantizaba los resultados prometidos. Los investigadores identificaron al menos 424 expedientes de clientes, honorarios por más de 54.000 £ y una falta de libros y registros suficiente para determinar la situación financiera de la empresa.

Si una conducta comparable ocurriera en Canadá, la Office of the Superintendent of Bankruptcy (OSB) tendría competencia allí donde la conducta involucre la Bankruptcy and Insolvency Act —por ejemplo, si las personas se presentaran, expresa o implícitamente, como Licensed Insolvency Trustees o como personas autorizadas para ejercer funciones reservadas por la BIA—. El registro público de McKenzie Jones no indica tal tergiversación; más bien, la conducta involucró a un negocio de asesoría de deuda no regulado que dio instrucciones indebidas o engañosas a consumidores que ya se encontraban en procedimientos de insolvencia con licencia. En el contexto canadiense, la aplicación en estas circunstancias recaería más típicamente en las autoridades provinciales de protección al consumidor, en el litigio civil por prácticas desleales o engañosas o, cuando corresponda, en procesos de conducta profesional que involucren al profesional de insolvencia con licencia que supervisa el procedimiento.

B. Caso E: La prohibición de honorarios por derivación de la FCA — PS23/5

La intervención de la FCA en 2023 demuestra qué ocurre cuando el regulador enfrenta el problema en su origen comercial. Las firmas de “debt packagers” habían afinado su modelo de negocio con una eficiencia casi industrial:

  • Campañas publicitarias agresivas que prometían “elegibilidad instantánea” para soluciones de deuda.
  • Llamadas de calificación de alta presión que posicionaban a la firma como la primera parada de la persona deudora.
  • Estructuras de honorarios por derivación que pagaban comisiones sustancialmente más altas por los IVA que por cualquier otra solución de deuda.

La FCA concluyó que el modelo de negocio de los “debt packagers” produce un conflicto de interés inherente en el primer punto de contacto con el consumidor. Como declaró la FCA en su anuncio de política PS23/5 — Debt Packagers: Referral Fee Ban: “el modelo de negocio … incentiva a los debt packagers a recomendar ciertas opciones que les reportan más dinero, en lugar de lo que conviene al mejor interés del cliente.” Es precisamente este sesgo comercial hacia las derivaciones de IVA/PTD (Personal Trust Deed — el equivalente escocés del IVA) lo que la prohibición busca eliminar.

En lugar de perseguir a las firmas una por una por asesoría sesgada, la FCA eliminó el incentivo mismo: una prohibición nacional de los honorarios por derivación entre las firmas de “debt packagers” y los insolvency practitioners. Esta intervención estructural recalibra los incentivos del mercado de modo que la asesoría del primer contacto la moldee el bienestar del consumidor, no las comisiones.

VI. Estudios de caso — Australia: supervisión de los asesores de deudas y las interacciones previas al nombramiento

Australia aporta valiosas lecciones sobre el panorama regulatorio de la gestión de deudas y sobre la importancia de la conducta previa al nombramiento para asegurar la independencia de los profesionales de la insolvencia. La licencia integrada de las firmas de gestión de deuda en el modelo australiano ofrece un enfoque más cohesionado de la regulación de la asesoría de deuda, que garantiza una mejor protección al consumidor y mantiene la integridad a lo largo de todo el continuo de la asesoría.

A. Caso F: ASIC v Jones [2023] WASCA 130 — La importancia de la independencia a lo largo del continuo de la asesoría

El ejemplo australiano ilustra de forma llamativa cómo las interacciones previas al nombramiento pueden volverse centrales en un análisis de independencia. En Australian Securities and Investments Commission v Jones [2023] WASCA 130, el Court of Appeal de Australia Occidental examinó si unos Administrators habían comprometido su independencia mediante una extensa participación previa al nombramiento con la empresa y sus asesores. (En Australia, un “Voluntary Administrator” debe ser un Registered Liquidator, y este papel es la contraparte funcional del Licensed Insolvency Trustee canadiense cuando el LIT es nombrado en una reestructuración corporativa o en una propuesta de la División I.)

Para no enturbiar las cosas, conviene reconocer que ASIC v Jones surge en el ámbito corporativo, donde Canadá ha aceptado desde hace tiempo —y los tribunales han aprobado expresamente— que los síndicos interactúen con las partes interesadas antes del nombramiento. La comparación corporativa queda, por tanto, fuera del alcance de este estudio centrado en el consumidor. Lo relevante aquí no son los actores corporativos ni el resultado, sino el principio regulatorio que el caso cristaliza: que la participación previa al nombramiento puede, en sí misma, formar parte de un análisis de independencia. Es este enfoque de la independencia basado en el continuo —y no analogía corporativa alguna— lo que hace a Jones instructivo para los fines presentes.

Los hechos se leen casi como una advertencia:

  • Antes de su nombramiento formal, los administradores participaron en conversaciones de reestructuración, revisaron estrategias propuestas y se comunicaron estrechamente con los directores acerca de los pasos siguientes previstos.
  • Estas interacciones, aunque no impropias a primera vista, crearon lo que el tribunal describió como una “percepción de alineación con los intereses de los directores incompatible con la independencia que se espera de administradores externos”.

El fallo giró en torno a una sola frase:

“El curso completo de las relaciones que condujeron al nombramiento puede ilustrar si un observador imparcial podría razonablemente temer una falta de imparcialidad.”

Esta mirada temporal más amplia —que se extiende hacia atrás, hasta la conducta previa al nombramiento— fue lo que hizo significativo el caso. El razonamiento del tribunal extendió el análisis de independencia hacia atrás, a la conducta previa al nombramiento. La decisión reforzó que incluso pasos preparatorios comercialmente rutinarios pueden crear un conflicto de interés si vinculan al profesional demasiado estrechamente con el resultado preferido por la administración.

Las implicancias para los lectores canadienses son profundas. Si bien la OSB de Canadá hace cumplir la independencia dentro del marco de la BIA, su competencia comienza solo cuando el síndico entra en el caso. Jones ilustra una filosofía regulatoria que trata la independencia como un continuo —un principio que resuena con las recientes advertencias de la OSB sobre intermediarios que moldean las expectativas de la persona deudora antes de la intervención del síndico—.

B. Caso G: ASIC v A&M Group Pty Ltd t/a Debt Negotiators (2022) — Proteger a los consumidores mediante una licencia nacional de asesores de deudas

Como observó la Office of the Superintendent of Bankruptcy (OSB) en su informe de 2023:

“No existe un programa nacional de certificación para asesores de deudas.”

Sobre este telón de fondo, el siguiente estudio de caso ofrece un marcado contraste.

Australia ha adoptado un régimen nacional de licencias para las firmas de gestión de deuda. Desde julio de 2021, las entidades que ofrecen negociación de deuda, asistencia por dificultades económicas o reparación de crédito deben contar con una Australian Credit Licence (ACL) conforme a la National Consumer Credit Protection Act 2009 (NCCP Act). Estas obligaciones, reforzadas por las disposiciones de protección al consumidor de la ASIC Act, imponen estándares uniformes de divulgación, conducta ética y rendición de cuentas.

En ASIC v A&M Group Pty Ltd t/a Debt Negotiators [2022] FCA 1534, el Federal Court impuso sanciones civiles por USD 650.000 tras constatar que Debt Negotiators incurrió en conducta engañosa y hostigamiento indebido. La empresa, una de las mayores administradoras de acuerdos de deuda de Australia, admitió haber hecho declaraciones falsas sobre una quiebra inminente, cargos por fraude y órdenes de embargo, y haber amenazado con contactar a familiares y empleadores para presionar el pago. El tribunal recalcó la disuasión en una industria que atiende a consumidores altamente vulnerables.

Aunque no hubo un nombramiento formal de insolvencia, el caso ilustra cómo las interacciones tempranas pueden distorsionar las expectativas de la persona deudora y comprometer la independencia. La ASIC identificó riesgos sistémicos en las prácticas de primer contacto, incluidas consecuencias exageradas del incumplimiento y la confusión de los límites entre los servicios privados y los procedimientos legales. El fallo subraya el valor protector del modelo de licencia integrada de Australia —uno que supervisa toda la ruta de la asesoría, no solo el momento del nombramiento formal—.

VII. Análisis comparado e imperativos de política para Canadá

Comillas — cita sobre la insolvencia canadiense

“Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temerás el resultado de cien batallas.”
— Sun Tzu, antiguo estratega militar chino (ca. siglo VI a. C.)

Sun Tzu enseña que la victoria comienza por identificar correctamente al enemigo. En el caso de Canadá, el verdadero obstáculo para regular la asesoría de deuda en las etapas previas no es el asesor de deudas moderno, de sitio web pulido y guion telefónico amable, sino una restricción constitucional de hace un siglo.

Por qué Canadá no puede adoptar un regulador nacional para los asesores de deudas

La razón por la que Canadá no puede adoptar un regulador nacional y armonizado de los asesores de deudas al estilo británico es estructural. A través de decisiones del Judicial Committee of the Privy Council —el tribunal supremo de Canadá hasta 1949—, y en particular de la jurisprudencia asociada al vizconde Haldane (por ejemplo, Toronto Electric Commissioners v. Snider), la mayoría de los asuntos relativos al comercio, los contratos de consumo y la conducta de mercado quedaron asignados a las provincias bajo el título constitucional de “property and civil rights”, mientras se estrechaban las competencias federales de Peace, Order and Good Government y de Trade and Commerce. El resultado es que a Ottawa le resulta constitucionalmente arriesgado actuar como un único regulador económico nacional en los asuntos cotidianos del consumidor.

Ilustración del vizconde Richard Haldane. Los asesores de deudas no regulados representan una grave amenaza para la insolvencia canadiense. Lecciones para Canadá desde el Reino Unido y Australia

El adversario real, entonces, no es el asesor de deudas que cobra un “honorario de calificación”, sino el reparto constitucional de competencias por el que toda reforma moderna debe abrirse paso.

El desafío de lograr un sistema regulatorio armonizado en Canadá

A causa de esta herencia, ningún equivalente canadiense de la prohibición de honorarios por derivación de la FCA puede ser implementado por Ottawa en solitario. Debe emprenderse a través de la maquinaria colectiva de trece regímenes regulatorios separados, cada uno custodiando su autoridad con la dignidad de los diminutos reinos que Haldane imaginó. La supervisión de los asesores de deudas, las firmas de reparación de crédito, los negociadores de deuda y la conducta relacionada se reparte entre:

Como estos organismos operan con instrumentos legales distintos —algunos otorgando licencias directamente, otros vigilando las prácticas engañosas—, alcanzar un estándar nacional armonizado exigiría o bien un acuerdo interprovincial coordinado, o bien un enfoque de ley modelo adoptado provincia por provincia. A falta de tal cooperación, cualquier reforma de gran escala corre el riesgo de aparecer en Canadá como parches en una colcha: localmente eficaz, nacionalmente inconsistente y siempre vulnerable al arbitraje regulatorio.

El sólido marco de insolvencia centrado en el síndico de Canadá: un cimiento para la reforma

El sistema de insolvencia de Canadá sigue siendo robusto y centrado en el síndico, y nada en este análisis resta valor a esa fortaleza institucional. Pero si los reguladores modernos desean abordar las fuerzas comerciales que moldean el primer contacto, primero deben reconocer que la fragmentación no es accidental: está inscrita en el propio reparto constitucional de competencias del país.

En ese sentido, conocer al verdadero enemigo es, en efecto, la mitad de la batalla.

Apéndice: Reguladores provinciales y territoriales de protección al consumidor

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